SOBRE EL PROYECTO OFICIAL DE LEY DE RADIODIFUSIÓN
Por Juan Manuel Magliano.

CONSIDERACIONES GENERALES

           El Gobierno presentó el proyecto de Ley de “Servicios de Comunicación Audiovisual” manifestando que se dirige a reparar una deuda de la democracia, para asegurar el “ejercicio universal de todos los ciudadanos” a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones.
            Bajo esta grandilocuente expresión se propone una ley extremadamente reglamentarista que reserva al Estado un tercio de las frecuencias de radio y televisión, otorga otro tercio a personas privadas sin fines de lucro (lo que involucra a ONG´s y posiblemente también a cooperativas) y el tercio restante a las empresas privadas. En otras palabras dos tercios del “paquete” de frecuencias (leáse radios y canales de televisión abierta) se los reserva el Gobierno para sí y sus amigos, que serían en principio las entidades sin fines de lucro afines, y solo un tercio para el segmento privado que hoy es el que sostiene las transmisiones.
            Las licencias en el proyecto se conceden por diez años con renovación por única vez (tradicionalmente eran 15 años con renovación ilimitada), recortando sensiblemente el horizonte de negocios al sector privado y en consecuencia se dificulta el desarrollo de la prensa libre.
Esta limitación de plazos para emprendimientos de radiodifusión es tanto más controversial en esta etapa de desarrollo en la que se está a las puertas de introducir la nueva tecnología digital en lugar de la analógica, que posibilitará un mayor volumen de frecuencias disponibles en el espectro radioeléctrico. La limitación resulta también contradictoria con la fuerte reserva de dos tercios del paquete a dos grupos, el Estado y las ONG´s que no necesitan semejante magnitud.
El Estado no lo necesita porque le bastaría (o mejor dicho le debería alcanzar) a nivel nacional con un canal de TV abierta y dos radioemisoras, una en AM y otra en FM, a lo que se sumaría eventualmente un canal y dos emisoras radiales provinciales. Tampoco habría inconvenientes en reservar una frecuencia FM para cada municipio. Pero así y todo no se llega por lejos al tercio que se pretende bloquear.
            Es absurdo asimismo pretender que otro tercio sea para ONGs y otros grupos amigos que no lo podrían sostener económicamente, a menos que el peso de los gastos recaiga sobre el estado por vías indirectas.
            El objetivo que manifiesta el gobierno para su proyecto de elevar a derecho universal la libertad de expresión y de información, no justifica y más bien contradice el reparto acotado y preasignado de frecuencias que parece ignorar la nueva realidad, la de una sociedad digital que ya se comunica masivamente por Internet, que abre posibilidades a todos de desplegar una página web, de contar con un “blog” propio para comunicar y recibir comunicaciones. En todo caso, el derecho universal que se proclama debería alcanzarse mediante el mayor acceso de la población al uso de computadoras e Internet, mejorando la educación pública para ese fin y no a través de una ley que restringe la libertad de prensa.
            También el proyecto de ley limita las cadenas, al establecer un máximo de 10 frecuencias por operador o grupo operador en todo el país y con un tope adicional del 35% de la población, porcentaje que el conglomerado urbano de Buenos Aires y GBA cubre por sí sólo. En realidad es claro que resulta un proyecto de ley dirigido a limitar la actual red de Canal13-Grupo Clarín.
            El otro punto clave del proyecto es la apertura de la prestación del servicio de TV por cable a las empresas de telefonía, seguramente con el objetivo de dar competencia al mayor operador, el Grupo Clarín, aunque también con ello se pone en riesgo a todas las compañías de cable pequeñas y medianas del interior, que por eso también están preocupadas.
Es ésta una cuestión que tiene costados políticos y técnicos y que debiera ser considerada en un espacio más amplio de diálogo para encontrar una salida razonable que contemple por un lado la actualidad tecnológica, que daría razón al ingreso de las telefónicas en el servicio, y por el otro la realidad política, que se inclinar a favor de otorgar protección a los operadores actuales.           
            En cuanto a la autoridad de regulación y control, el proyecto propone crear la “Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual” a la manera del actual COMFER, con 5 miembros y con mayoría oficialista y minoría opositora, pero dependiente del Ejecutivo a través de la Secretaría de Medios.
A la Autoridad Federal el proyecto le otorga amplios poderes: administrar las emisoras cuya pérdida de licencia dictamine y controlar las múltiples exigencias que se incorporan; entre ellas lo más destacado son las cuotas de programación nacional, de música nacional, de producción propia, de producción de noticieros, de contenidos educativos y culturales, los horarios de protección a menores.
            Por lo expuesto -de manera general- es claro que el proyecto es contrario al interés público que dice defender; no asegura el derecho de todos al acceso a la información y la comunicación, que parecía constituir su razón de ser; limita la libertad de medios, de programación y de contenidos, es decir lo que entendemos por libertad de prensa; coarta la posibilidad de cadenas y en particular el desarrollo de los grandes grupos existentes a los que no reconoce derechos adquiridos y pretende resolver sin coordinación, ni diálogo, ni acercamiento o conciliación de los intereses de las partes, el acceso de las telefónicas al cable.
            Adicionalmente no permite a las empresas de radiodifusión tener más de una productora de programas o contenidos, medida que se presenta como antimonopolio, pero sin mayor fundamento ante la existencia de una ley específica en la materia.
            Del otro lado, pretende además concentrar los medios en el aparato estatal nacional y provincial y eventualmente en las organizaciones no gubernamentales, incapaces de sostenerlos por sí solas sin ayuda estatal. No debe extrañar frente a todos estas cuestiones el fuerte rechazo al proyecto por parte de la prensa local e internacional.

PRINCIPALES PUNTOS DEL PROYECTO DE LEY KIRCHNER

1. No se reconocen derechos adquiridos y las concesiones existentes vencidas serán licitadas.
2. Se reserva un tercio del bloque de frecuencias disponibles para el Estado (Nación, Provincias, Municipios, Universidades), un tercio para entidades sin fines de lucro (ONG´s, cooperativas) y el tercio restante para empresas privadas.
3. Las nuevas licencias se otorgan por 10 años prorrogables una sola vez.
4. Se prevé un máximo alcance nacional de 10 licencias por grupo operador, no más de una por servicio en cada área para señales abiertas y hasta 24 licencias de cable y con un límite de cobertura del 35% de la población. La cobertura territorial de cada licencia local será fijada por el ente regulador.
5. Un operador de radiodifusión no podrá tener más de una licencia de servicios de programas y contenidos, los que a su vez deberán registrarse al igual que las licencias de radio, televisión y cable, etc.
6. La mayoría del capital accionario de las empresas prestadoras debe ser nacional con la excepción de los inversionistas extranjeros amparados por convenios bilaterales de protección de inversiones.
7. Las operadoras telefónicas podrán acceder a licencias del servicio de televisión por cable, llevando en tal caso contabilidad separada de los otros servicios que brindan.
8. En cambio, no se permite a prestadores móviles dar servicio de TV móvil.
9. La autoridad es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, integrada por cinco miembros a elección del Poder Ejecutivo que designa entre ellos al presidente. Dos integrantes de los cinco representarán a la primera y segunda minoría del Congreso. Esta Autoridad Federal ejerce todas las funciones ejecutivas, es decir concursos, controles, percepción de las tasas, sanciones, plan técnico, etc. Se crea asimismo un Consejo Federal con funciones de asesoramiento con 35 miembros, uno por provincia y los demás por cámaras de prestadores, universidades, trabajadores, etc., más un Consejo Asesor del audiovisual y la infancia,  en este caso para dar ideas y promover programas para la niñez.
10. Además se crea la Comisión Bicameral respectiva (“de promoción y seguimiento”) y una Defensoría del Público.
11. Todo se registra: licencias y autorizaciones (provisorias y hasta la regularización de las situaciones precarias de prestadores hoy existentes), accionistas, productoras de programas, agencias de publicidad, señales.
12. La formación de redes está sujeta a autorización previa.
13. Regula porcentajes de programación. Para las emisoras privadas 70% de producción nacional, 30% de música nacional y 50% de programación propia. También se regula un mínimo de canales locales para distribuir por cable, cuotas de pantalla para estrenos de cine nacional, horarios de protección a los niños (de 6 a 22) y de protección a los menores de 18 años (de 22 a 24). También se disponen tiempos máximos de publicidad, horarios mínimos de transmisión.
14. Se prevé la cadena nacional para situaciones especiales.
15. Dispone el acceso universal a los programas deportivos de interés relevante, en particular el fútbol, asegurando que puedan ser transmitidos en señales abiertas, en directo y de manera gratuita. Prevé una remuneración para las entidades deportivas. También serán de libre transmisión (aunque no en directo) extractos de tres minutos de esos eventos.
16. La Autoridad Federal decidirá oportunamente la selección de tecnología para la televisión digital.
17. La Autoridad Federal regulará normas técnicas y diseñará el plan nacional cuidando adjudicar las frecuencias en los rangos previstos al Estado.
18. Se establece un gravamen sobre la facturación bruta, es decir además de ingresos por publicidad, los cobros por programas, abonos, etc., en los mismos porcentajes hoy vigentes, que se mueven en un rango del 5% para estaciones de TV en Buenos Aires a un mínimo del 0,5% en estaciones de radio AM de baja potencia en el interior. En cambio el modelo de reparto de los ingresos es original, al destinar solo el 27% a la Autoridad Federal, un 30% al sistema estatal de medios (Canal 7 + radio nacional, más otras emisoras y repetidoras), un 25% al INCAA (Instituto de Cinematografía), 8% al Instituto de Teatro, repartiendo el 10% restante entre Defensoría del Público, Consejo Asesor y apoyo a proyectos especiales comunitarios.
19. Se prevén desgravaciones para producción de cine, zonas de desastre, etc.
20. Se considera un régimen de sanciones que van desde llamados de atención, apercibimiento y multas hasta la pérdida de la licencia. En ese caso la Autoridad Federal asume la administración hasta su nueva adjudicación.
21. Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado tendrá un directorio de cinco miembros, dos por la oposición. Tendrá un Consejo Consultivo honorario de 15 miembros por sindicatos, universidades, jurisdicciones del interior, productores de contenidos, etc. El objeto de la programación será primordialmente cultural y educativo pero también deberá difundir la actividad oficial y ofrecer acceso a grupos sociales significativos como fuente de información y opinión.
22. Quienes actualmente operen bajo prórroga de licencia no podrán gestionar una nueva a su vencimiento. Asimismo se prevé que la Autoridad Federal convoque a quienes operan con autorizaciones precarias en FM, incluyendo derechos obtenidos por vía judicial, para establecer un sistema transitorio hasta la normalización del espectro (se entiende diseño del “plan técnico” y concursos de adjudicación).    

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
            El proyecto oficial es inconsistente y contrario a la libertad de prensa. Se dirige a limitar a un grupo en particular (Clarín/Artear), aunque colateralmente limita también a otros grupos de medios (Vila, etc.) y busca dar entrada en el mercado de televisión por cable a las telefónicas, hoy de capital extranjero, lo cual si bien es tecnológicamente comprensible genera conflictos en el corto plazo.
            Admite la presencia extranjera en los medios al no avanzar sobre los convenios bilaterales de protección de inversiones, pero a la vez reglamenta en exceso todas las cuestiones inherentes a la programación y al propio desarrollo del negocio de radiodifusión, reserva bloques excesivos de frecuencias para el sector público y las ONG´s (2/3 en total) y refuerza los superpoderes de la “Autoridad Federal” (el heredero del COMFER).
            Por el contrario, no soluciona ni abre caminos de salida al problema del uso ilegal o cuasi ilegal del espectro, es decir a las FM no autorizadas que en la terminología de la ley militar se denominan “clandestinas”, y deja abierto el diseño del Plan Técnico (que establecerá los rangos de espectro y su distribución regional) en manos de esa Autoridad Federal. Por lo demás, es imposible técnicamente dar cabida a todos esos “irregulares” en un plan técnico que reserva 2/3 a gobierno y entidades sin fines de lucro.
            El proyecto es limitativo de la participación de los grupos privados, con topes que de aprobarse obligarían a deshacerse de emisoras, a reducir su participación en el mercado y eventualmente a concentrarse en uno o dos conglomerados urbanos (aunque Buenos Aires por sí sola marcaría un primer límite).
            Los plazos de 10 años con posibilidad de otros 10 también apuntan a romper el interés privado y a favorecer la presencia de aquéllos que confían en su relación con el poder.
            Hay algunos esbozos de medidas antimonopolio, como el caso de la transmisión del fútbol esencialmente, de la no concentración de cables en una localidad, entre otras, que serían materia de debate y posibles mejoras si hubiera una intención global sana. Pero el contexto de esas propuestas a favor de la competencia tiene un fuerte sesgo puntual, al oponerse a las redes de alcance nacional, que hoy son ya una realidad y a un grupo en especial, y ello resta sentido y credibilidad a la vocación antimonopolio.
            Por el contrario una segunda lectura más amplia permite ver el carácter restrictivo y de excesivo control, cuasi dirigista del proyecto, que regula los contenidos de un modo exagerado a un nivel que incluso puede comprometer el futuro comercial de las emisoras, además de asumir una tutoría inexplicable sobre la sociedad.
            La Argentina ha abierto los contenidos a la presencia extranjera. Los contenidos extranjeros llegan ya de por sí por los satélites, por los programas de señales del exterior, muchos de ellos muy interesantes, progresistas, informativos y en suma positivos, otros no tanto. Pero el acceso de inversores de extramuros al control de los medios locales es un extremo al que se llegó en los ´90 con las leyes de protección de inversiones para varios países (Estados Unidos, España, Italia, Gran Bretaña, Francia, etc.) y nada se hizo para remediarlo. La ley 25.750 de preservación del patrimonio cultural es solo eso, letra escrita, pero al final entonces resulta letra muerta.
            Para completar el panorama, el reparto de los recursos de la tasa de radiodifusión prevista en el proyecto es muy generoso porque abarca muchos objetivos, entre ellos uno populista-intelectual porque incluye la promoción del cine y el teatro, pero no parece respaldado en presupuestos. Solo el costo de un ente regulador serio y del sistema oficial de televisión y radio pareciera absorber más del 100% de los recursos disponibles. Habría que medir mejor ingresos y gastos como paso previo a determinar cualquier distribución, pero también antes de todo se debe asegurar la percepción de las contribuciones, que hoy no se controlan, se reciben con demora y en gran proporción se condonan a cambio de publicidad oficial, dando lugar a todo tipo de abusos.
            Cabe aquí otra observación; el proyecto no dice nada de la distribución de la publicidad oficial, hoy sin normativa, hecho que permite que sea objeto de las mayores arbitrariedades y asimetrías que se puedan imaginar, lo que la convierte así en un instrumento para acallar y sojuzgar a la prensa libre.
            También el proyecto omite las antiguas y hoy fácilmente violadas limitaciones (en rigor prohibiciones) al juego televisivo. Los intereses espurios han ganado o pretenden hacerlo otra vez, por sobre la moral y la ética públicas.
Debería encontrarse entonces un camino alternativo de consenso y de solución de compromiso a los conflictos que generan las nuevas redes y tecnologías, es decir redes de telecomunicaciones que pueden acceder a la distribución de televisión por cable uniendo todos los servicios y en todo caso, ése debe ser el problema a asumir, el de la modernidad, con inversión en nuevas redes y mayor competencia y no la limitación apriorística de las redes de radiodifusión existentes.
            En cuanto a la autoridad regulatoria, se puede abogar políticamente por su neutralidad, que no garantiza el proyecto del Gobierno al proponer una conducción dominada por la mayoría oficialista con participación opositora minoritaria.
Ahora bien, debe estar claro que no es fácil encontrar la fórmula para constituir un ente ejecutivo colegiado pero de pocos miembros con conducción también ejecutiva y que asegure la neutralidad. En cuanto a los consejos asesores considerados en el proyecto del gobierno, se parecen a las medidas conformistas que no aportan nada sustancial.

LEY MARCO PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL

EN LA ARGENTINA

La FUNDACIÓN ALEM , que preside el Ingeniero René Bonetto (ex Presidente de la Federación Agraria Argentina), presentó en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (U.C.R.) que sesionó en Mina Clavero (Cba), un proyecto de Ley para crear un marco jurídico tendiente a instituir una política de Estado que establezca reglas de juego claras y estables – de mediano y largo plazo – para la actividad agropecuaria, a partir del reconocimiento de su rol estratégico para el progreso y bienestar de la Nación en su conjunto.

El mismo, ya había sido considerado en el Congreso Nacional Agropecuario que organizó el radicalismo en Pergamino (B. Aires) el pasado 6 de septiembre y fue entregado a los dirigentes de las 4 organizaciones de productores que integran la Comisión de Enlace Agropecuaria que asistieron a un tramo de las deliberaciones.

Al presentarlo, René Bonetto hizo referencia a “la necesidad que tienen los productores y el país de contar con una política agropecuaria (hoy inexistente) que tienda a reducir la incertidumbre predominante en la actividad y trascienda más allá de gobiernos, como el Kirchnerista, de claro perfil antiagrario y negativo.” Mencionó lo indispensable que resulta subsanar con urgencia los problemas de la coyuntura y generar el debate en la búsqueda de consensos para el mediano y largo plazo, brindando horizontes a la producción.

El trabajo, elaborado por un numeroso y calificado grupo técnico que se reúne en la Fundación Alem , reconoce como antecedentes a las leyes ómnibus de los E.E.U.U., vigente desde 1949, y de México, promulgada en el año 2002.

Define como objetivo general el Desarrollo de los territorios rurales incluyendo centros urbanos y apunta al mejoramiento integral y sustentable del bienestar social de las poblaciones y de las actividades económicas (agropecuarias y no agropecuarias) asentadas y comprendidas en los mismos. Incorpora a los pueblos del interior en su doble papel de beneficiarios y proveedores de múltiples servicios relacionados a la cuestión rural propiamente dicha.

Incluye metas de producción, contempla especialmente a las economías regionales e incorpora incentivos y estímulos para los distintos actores económicos y sociales del medio rural, especialmente la agricultura familiar y las pymes.

El agregado de valor y la seguridad alimentaria para los sectores más vulnerables y postergados de la sociedad están especialmente considerados.

Apunta al Desarrollo Sustentable a través de la competitividad ó eficiencia económica, la salud ambiental y la equidad social.

Expresa la necesidad de “refundar” la Secretaría de Agricultura de la Nación mientras se decide transformar a ésta en un Ministerio, para que sea la institución principal que se ocupe de la ejecución de la Ley.

06 de septiembre de 2008